7.- El problema sucesorio al final del reinado de Fernando VII

7.- El problema sucesorio al final del reinado de Fernando VII

Las bases legales

El final del reinado de Fernando VII se vio marcado por la cuestión sucesoria. Fernando no tenía descendencia pese a sus tres matrimonios previos, así que en 1829 se casó con su sobrina María Cristina de Borbón, que a los pocos meses queda embarazada planteando el problema sucesorio.

El Rey  publicó la Pragmática Sanción, (ley que ya había sido promulgada por Carlos IV en 1789) y que derogaba la Ley Sálica que excluía a las mujeres de la línea sucesoria. Protestada por los carlistas como un atentado contra los derechos de infante don Carlos (hermano del Rey), se convirtió en un conflicto de primera magnitud cuando en octubre nace la infanta Isabel, convertida en heredera.

En septiembre de 1832 se van a producir los sucesos de la Granja, cuando sucesivas intrigas palaciegas, ante el lecho del Rey agonizante, consiguen que Fernando firme la supresión de la Pragmática. Pero, sorprendentemente el Rey se restablece y vuelve a ponerla en vigor. Inmediatamente destituye a los principales ministros carlistas, al tiempo que la reina María Cristina es autorizada a presidir el Consejo de Ministros. Rápidamente de decreta la reapertura de la Universidades, y se decreta una amnistía general, que libera a los presos políticos y permite la vuelta de los exiliados. Los capitanes generales más intransigentes fueron sustituidos por mandos fieles a Fernando VII y en abril Carlos abandona la Corte y se traslada a Portugal.

Los carlistas, reivindicaban que Carlos, el hermano de Fernando VII, debía ser el rey de España según la ley sálica que no consideraban  derogada. Tras la muerte de Carlos, sus descendientes siguieron encabezando esta fracción: su hijo (Carlos VI para los carlistas) y su nieto (Carlos VII).

El resultado: la oposición carlista a la monarquía isabelina

 La muerte de Fernando VII en 1833, la auto proclamación de Carlos (Manifiesto de Abrantes) como rey y el mantenimiento de la princesa Isabel como legítima heredera, abrirá el periodo de las Guerras carlistas por la sucesión de la corona, y el fin del período absolutista.

La cuestión carlista no era meramente sucesoria, intervenían otros factores, entre ellos el enfrentamiento ideológico pues los carlistas eran enemigos acérrimos del liberalismo y de las medias que implicaba: libertades económicas, laicización y uniformidad del territorio. El carlismo constituyó una ideología que su resumía en “Dios, Patria y Rey” defendían el Antiguo Régimen y la monarquía de origen divino. Reivindicaban, además, el mantenimiento de los fueros y los privilegios tradicionales frente a la política centralizadora del régimen liberal, es decir, el foralismo, según el cual las regiones debían mantener sus instituciones de gobierno autónomas, su sistema propio de justicia y la exención fiscal y de quintas para el servicio militar. La cuestión foral fue más importante en la tercera Guerra Carlista.

El bando carlistas obtuvo el respaldo de diversos sectores de la sociedad española (campesinos, baja nobleza del norte de España, sectores más conservadores de la Iglesia, algunos oficiales del ejército, áreas rurales de algunas regiones: País Vasco, Navarra y norte de Cataluña y Castilla) e incluso de potencias extranjeras: Austria, Prusia, Nápoles).

Los trabajadores de las ciudades, las altas jerarquías eclesiásticas (pocos), la alta nobleza se mantuvieron fieles a la reina Isabel II, al igual que la mayor parte del ejército. Además contaron con el apoyo, en el ámbito internacional, de Francia, Portugal y Reino Unido que firmaron con el régimen isabelino la Cuádruple Alianza.